Madrid, España / Buenos Aires, Argentina – La reciente confirmación de la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en Argentina y los avances judiciales contra líderes independentistas catalanes en España han vuelto a encender el debate sobre el uso del lawfare como herramienta de persecución política.
¿Justicia o estrategia política?
En Argentina, la expresidenta Cristina Fernández enfrenta una pena de seis años de prisión e inhabilitación política tras ser hallada culpable de presunta corrupción en la adjudicación de obras públicas. Sus seguidores denuncian que el proceso judicial ha estado plagado de irregularidades y responden con movilizaciones masivas.
En paralelo, en España, la justicia ha reactivado procesos contra dirigentes independentistas, lo que ha sido interpretado por sectores políticos como una estrategia para frenar la posible amnistía impulsada por el gobierno de Pedro Sánchez.
Impacto regional
Organismos internacionales han señalado que el lawfare se ha convertido en un fenómeno recurrente en Iberoamérica, utilizado para neutralizar adversarios políticos bajo la apariencia de legalidad.